La política pública de Pago por Servicios Ambientales (PSA), desarrollada por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), inicia procesos en el Meta para controlar la deforestación a través de incentivos económicos para la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos.

Para ello la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Minero Energéticos adelanta la gestión ambiental con respecto al cumplimiento de la política reglamentada por los decretos 953 de 2013 y 870 de 2017, con el objetivo de crear en el territorio la mesa técnica entre la administración departamental y Cormacarena, y así establecer las zonas estratégicas y áreas de abastecimiento hídrico de acueductos municipales y veredales para que apliquen las normas.

Este sistema entrega un incentivo económico a las personas que prestan servicios ambientales como conservar una cuenca hídrica o un bosque, y de esta forma, el PSA transforma la lógica en la que se paga una compensación por no contaminar. Por tal razón el Gobierno departamental espera disminuir la afectación de ecosistemas estratégicos y la vulnerabilidad del territorio al cambio climático y la deforestación, además de generar oportunidades de desarrollo local y contribuir en la reducción de la pobreza.

“El pago constituye un acuerdo con propietarios, poseedores y ocupantes de áreas estratégicas que generan servicios ambientales. Lo que les permitirá desarrollar actividades de preservación y restauración en diferentes zonas, contribuyendo así a la construcción de paz en estos territorios, y a la conservación de los ecosistemas a través de un trabajo articulado”, explicó Oswaldo Avellaneda, secretario del Medio Ambiente del Meta.

Camilo Andrés Vega Dávila